Un equipo Auditor de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura recomendó iniciar una actuación de control fiscal intersectorial para revisar aspectos como la ejecución presupuestal en la obra.
Vale la pena recordar que este proyecto estuvo a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la construcción de las dos primeras turbinas se entregó al Consorcio CCC Ituango.
La revisión del equipo auditor se llevó a cabo desde el pasado marzo hasta noviembre de 2023 y sugirió que esta actuación se dé para despejar cuatro puntos fundamentales.
El primer punto que considera que se debe revisar es los recursos que finalmente fueron invertidos en el desarrollo del proyecto. Vale la pena destacar que de acuerdo con los presupuestos iniciales,la central hidroeléctrica costaría $10 billones; no obstante, se requerirían unos $21 billones en total. Esto quiere decir que el sobrecosto total ronda 133%.
El informe de la Contraloría recuerda que de este posible mayor costo ya se han recuperado e invertido $4,33 billones, producto del Fallo con Responsabilidad Fiscal de la entidad del año 2021.
Esta revisión también deberá analizar el posible lucro cesante y eventuales perjuicios que se hayan producido por la entrada tardía de las primeras turbinas. Cabe recordar que los compromisos de la central eran entregar energía desde noviembre 2021, sin embargo, las primeras unidades cumplieron sus compromisos en noviembre de 2022.
El segundo objetivo de la actuación fiscal es analizar y evaluar el proceso de aseguramiento del proyecto, con énfasis en la cobertura y el Acuerdo Conciliatorio de la Póliza Todo Riesgo contratada con Mapfre.
De acuerdo con la Contraloría, “se adquirió para afianzar hasta un valor máximo de $13 billones y se terminó conciliando, luego de la contingencia de abril de 2018, por un valor pagado de $4 billones y la inmediata terminación de la vigencia de la misma”. Añade el documento que como consecuencia de esto, el proyecto estuvo sin asegurar durante un tiempo.
En tercer lugar piden analizar y hacer la validación técnica del informe “Hallazgos críticos y muy críticos” identificados por el Consultor Internacional PÖYRY; así como verificar qué acciones se tomar para mitigarlos.
Un último punto hace referencia a revisar la pertinencia de haber pagado al Contratista de Obra (Consorcio CCC) unos imprevistos, “siendo que luego de sucedida la contingencia, las Partes pactaron mutar el contrato por precios unitarios a la modalidad de recursos utilizados y pagados (administración delegada). El valor pagado por imprevistos podría ser de aproximadamente $7.000 millones”, destaca la entidad.
Después de esta recomendación, el Contralor General de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga, ordenó que las contralorías delegadas de Minas y Energía, y de Infraestructura coordinen la actuación y que esta sea incluida en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2024, segundo semestre.
DANIELA MORALES SOLER
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