Envíos diarios de agua desalada desde una planta de Sagunto (Valencia) en buques cisterna como solución de emergencia ante la sequía extrema que vive buena parte de Cataluña. Es la propuesta que llevará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la reunión que mantiene este lunes en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort. La situación en esta comunidad es tan complicada —el viernes entró en emergencia y las restricciones se ampliaron al 80% de la población de la comunidad— que llevar agua en barcos a Barcelona es una posibilidad que cada vez cobra más fuerza en el caso de que siga sin llover. Fuentes de Transición Ecológica calculan que podrían enviarse hasta siete hectómetros cúbicos durante el verano.
Ambas Administraciones han mantenido ya conversaciones, y el viernes pasado Mascort aseguró que el ministerio tenía la voluntad de “encontrar la fórmula” para llevar agua hasta Barcelona en el caso de que haga falta. La Generalitat tiene preparado desde mediados del pasado año, poco después de que en mayo se aprobará el decreto de medidas extraordinarias por sequía, un plan para poder fletar barcos cisterna en el caso de sea necesario por el agravamiento de la situación. Además, ya se ha acondicionado el Puerto de Barcelona para poder recibir esos barcos con agua, como señaló Mascort.
La duda era de dónde saldría el agua, algo que ha puesto en alerta a algunos representantes políticos de otras comunidades. Y, según fuentes de Transición Ecológica, la respuesta está en la red de plantas desalinizadoras que tiene repartidas por la costa mediterránea la empresa pública Acuamed, dependiente de Transición Ecológica. Esas desalinizadoras están resultando claves a la hora de afrontar la situación de sequía. Algunas plantas están funcionando a pleno rendimiento, aunque en otros casos no está siendo necesario.
El plan pasa por que Cataluña ponga los buques y el Gobierno central el agua desalada que se enviaría diariamente mientras sea necesario (porque todo está supeditado a las por ahora inexistentes lluvias). La depuradora elegida es la que tiene Acuamed en Sagunto, según ha adelantado este sábado El Confidencial. Para que se pueda activar esta solución de emergencia todavía se necesitan realizar algunos trámites y poner a máximo rendimiento esa planta de Acuamed, señalan fuentes de Transición Ecológica. Estas mismas fuentes apuntan que durante el segundo semestre del año se podrían llevar a Barcelona hasta siete hectómetros cúbicos con dos barcos diarios para afrontar el verano, aunque esa cifra dependerá de cómo evolucionen las lluvias. El consumo de la ciudad de Barcelona en todo 2022 ascendió a 91,5 hectómetros cúbicos.
La opción de llevar agua con barcos es el último recurso al que desde hace semanas se encomienda la Generalitat una vez declarado el escenario de emergencia del plan de sequía. El viernes entró en ese escenario el sistema Ter-Llobregat, el que abastece Barcelona, toda su área metropolitana y Girona. En total, casi seis millones de habitantes (cerca del 80% de la población catalana) tienen restricciones de consumo doméstico, como no sobrepasar los 200 litros al día. La restricción a la agricultura es del 80% y en la industria del 25%.
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Mascort anunció en noviembre que los barcos con agua, si no mejora la sequía (de 40 meses, la más larga desde que hay registros), llegarían antes o durante el verano para poder afrontar esos meses con garantías. Andalucía, la otra comunidad más afectada por la falta de lluvias, también anunció en diciembre que preveía llevar agua hasta la Costa del Sol en barco si la sequía no da tregua y el Gobierno central está también abierto a hacerlo.
En la gran sequía de 2008 la comunidad ya tuvo que recurrir en el mes de mayo a seis barcos procedentes de los puertos de Tarragona y Marsella. El agua procedía del Ebro, de pozos de Tarragona y del Canal de Provenza y Marsella. También estaban previstas más descargas para agosto desde el puerto de Almería con agua de la desaladora de la planta de las Carboneras (también de Acuamed), pero aquel mayo de 2008 finalmente fue extremadamente lluvioso y se llenaron los embalses.
La operación desde el puerto de Almería, autorizada por la entonces ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se firmó en un convenio junto a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE. En aquellos años, el tripartito (PSOE-ERC e Iniciativa) gestionaba Cataluña bajo la presidencia del socialista José Montilla. Que las tres Administraciones estuvieran bajo el mismo color político facilitó la colaboración entonces para esta operación.
De momento, en el puerto de Barcelona ya se han invertido hasta cinco millones de euros para que esté preparado para la llegada de hasta dos buques cada día, tal y como anunció la Generalitat en noviembre. Pero hasta ahora, el Govern se ha mostrado cauto a la hora de informar sobre los contactos con las navieras o confirmar el lugar desde donde procedería el agua. Existe temor de que pueda revivirse la tensión política entre territorios. “No vamos a robar el agua de nadie”, quiso dejar claro la portavoz, Patrícia Plaja, en una conferencia de prensa el 5 de diciembre.
Como opción más viable por distancia y disponibilidad de recursos se barajó desde un principio la llegada de agua a Barcelona desde el Ebro, como en 2008. Ese sistema hidrológico, que está sorteando mejor la crisis hídrica, está bajo la gestión también del ministerio para la Transición Energética.
En las últimas semanas, el consejero Mascort también había abierto la posibilidad de que el agua procediera de desaladoras de Baleares o Murcia. Y esa sola mención revivió la tensión con esas comunidades, cuyos gobiernos aseguraban que nadie les había requerido formalmente esa petición. Además de alertar de que a ellos “tampoco les sobra el agua”.
Los barcos, si finalmente se tiene que recurrir a ellos, serán una solución de emergencia. A medio plazo, el ministerio plantea la construcción de dos desaladoras en Cataluña: Tordera II y Foix, con un coste de 430 millones de euros. Para Andalucía —Ribera y el presidente Juanma Moreno Bonilla conversaron el viernes sobre la sequía que también vive buena parte de esta comunidad— el ministerio propone otras dos plantas desaladoras más, una en la provincia de Almería y otra en Málaga, según fuentes ministeriales. En este caso, el coste ascendería a 200 millones de euros.
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