En la noche del 13 al 14 de junio de 2023, el barco pesquero Adriana se hundió a 80 kilómetros de la costa griega. En él viajaban 750 migrantes. No sobrevivieron ni mujeres ni niños, mayoritarios en la embarcación, según relataron los 104 rescatados (47 sirios, 43 egipcios, 12 paquistaníes y dos palestinos). Un informe de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) denuncia ahora, más de medio año después de una de las mayores tragedias del Mediterráneo, que el objetivo de las autoridades griegas no fue prevenir el naufragio y que estas no movilizaron suficientes recursos para salvar sus vidas cuando aún podían hacerlo. El documento revela también la falta de colaboración del Gobierno griego en la investigación.
Frontex señala graves negligencias por parte de las autoridades griegas tanto en la prevención del incidente como en la operación de búsqueda y salvamento posterior al mismo. La embarcación, que partía de Libia con destino a Italia, fue finalmente rescatada por un yate de lujo que se encontraba en la zona por casualidad.
El informe, conocido ahora pero fechado el 1 de diciembre de 2023 y clasificado como información sensible, fue elaborado por la Oficina de Derechos Fundamentales (ODF) de la agencia como parte de una investigación interna sobre la tragedia. Lo ha difundido en su cuenta de X (antes Twitter) la periodista afincada en Bruselas Eleonora Vasques y consta de 17 páginas. La agencia ha censurado algunos términos, pero ha añadido etiquetas para entender los tachones; se trata de los nombres propios de los operativos de la agencia o de los guardacostas griegos.
Krzysztof Borowski, portavoz de Frontex, ha confirmado a EL PAÍS la veracidad del documento, pero ha matizado que el ODF es un organismo independiente dentro de Frontex y que sus afirmaciones no necesariamente reflejan la posición de la agencia. “Al margen de esto, lo que sucedió con el Adriana es una tragedia terrible y esperamos que no vuelva a ocurrir algo así”, ha indicado.
La Oficina de Derechos Fundamentales afirma que Grecia desplegó “recursos insuficientes e inapropiados considerando el número de pasajeros a bordo del Adriana”, y no hizo uso “de los recursos ofrecidos por Frontex”. Además, acusa a las autoridades del país de retrasar la declaración de la operación de búsqueda y rescate (SAR en sus siglas en inglés) “hasta el momento del naufragio, cuando ya no era posible rescatar a todas las personas a bordo”, a pesar de que “existía una certeza razonable” de que estas se encontraban “amenazados por un peligro grave e inminente y requerían asistencia inmediata”.
El informe señala directamente al Centro Unificado de Rescate y Coordinación del Pireo (JRCC) como responsable de las negligencias: “La Oficina de Derechos Fundamentales no sabe cómo el JRCC del Pireo monitoreó, evaluó y llegó a la conclusión de que no era necesario lanzar de inmediato un caso SAR después de recibir el avistamiento de Frontex”. De acuerdo con el informe, corresponde al JRCC “la determinación del estado de la embarcación, la coordinación o provisión de asistencia y la posible declaración de una operación de búsqueda y rescate (SAR)”.
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Aunque recoge que probablemente los migrantes rechazaron inicialmente la asistencia ofrecida por los guardacostas para proseguir su ruta hacia Italia, Frontex asegura que las autoridades griegas determinaron que el Adriana necesitaba asistencia e instruyeron a buques comerciales en las cercanías para brindarle suministros. El informe considera que los dos intentos documentados fueron infructuosos y agravaron el peligro para la embarcación. “El segundo intento de proporcionar alimentos y agua provocó un balanceo peligroso”, dice el documento.
Los reproches de Frontex a Grecia no terminan ahí. “La Oficina de Derechos Fundamentales lamenta que no se le haya proporcionado información relevante por parte de las autoridades griegas en respuesta a su investigación, pero espera recibir los resultados de dos procesos judiciales nacionales en curso, así como la investigación del Defensor del Pueblo griego”, escribe en las conclusiones. En un punto anterior afirma que “es consciente de la existencia de los esfuerzos de investigación nacionales, pero no dispone de información suficiente para evaluarlos”, en referencia a los procedimientos judiciales en curso y a una investigación del Defensor del Pueblo iniciada por la “negativa expresa de la Guardia Costera de iniciar una investigación disciplinaria”, según cita el informe.
La Oficina de Derechos Fundamentales quiere que Frontex revise los procedimientos para evaluar casos similares de manera más exhaustiva “en función de la necesidad de emitir una alerta de socorro, especialmente cuando las autoridades nacionales competentes no proporcionan información sobre su evaluación de la situación”. El objetivo sería “declarar que la embarcación está en peligro o iniciar una operación de búsqueda y rescate” sin depender de la celeridad con la que declaren la emergencia Grecia, Italia o cualquiera de los países donde se pueda producir un naufragio de embarcaciones donde viajan migrantes.
Cuestiones sin resolver
El informe no resuelve algunas de las controversias que aún rodean al incidente. En concreto, afirma que no dispone de información suficiente para determinar la causa del naufragio. Tras revisar las versiones oficiales, investigaciones periodísticas y testimonios de los supervivientes, concluye lo siguiente: “Las autoridades griegas afirmaron que nunca intentaron remolcarla, aunque en un momento dado se lanzó un cabo desde el [la embarcación de la Guardia Costera] HCG CPV 920 hacia el barco. La declaración de la Guardia Costera es incompatible con algunas de las versiones coherentes de los migrantes”.
Los recursos movilizados por las autoridades durante el día (incluidos buques mercantes y helicópteros de la Guardia Costera) no fueron suficientes para el objetivo de rescatar a los pasajeros. A juzgar por los recursos realmente desplegados, así como basándose en algunos testimonios de los supervivientes, el enfoque inmediato de las autoridades antes del naufragio no fue el rescate. La Oficina de Derechos Fundamentales revisó acusaciones repetidas de que el naufragio del Adriana podría haber sido causado directamente por el intento de remolcarlo por parte del HCG CPV 920. Sin embargo, no posee información suficiente para concluir sobre la causa inmediata del naufragio o el intento de remolcar el barco con certeza.
La Oficina de Derechos Fundamentales concluye que Frontex siguió los procedimientos aplicables al clasificar el caso como no urgente y simplemente transmitir la información recopilada a las autoridades griegas. El informe no ha encontrado ningún error achacable a la propia agencia, una de cuyas aeronaves avistó la embarcación e informó de ello a las autoridades nacionales. “Todos los procedimientos aplicables fueron cumplidos formalmente por Frontex en el transcurso del avistamiento inicial y la transmisión de información a las autoridades griegas; y Frontex dio seguimiento a su avistamiento con las autoridades griegas”, afirma al respecto.
El incidente fue registrado inicialmente por Alarm Phone, una ONG que estaba en contacto con los migrantes a bordo e informó al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia (MRCC). El MRCC italiano informó a las autoridades griegas y a Frontex. Frontex envió una aeronave que avistó la embarcación, sobrecargada pero navegando lentamente, alrededor del mediodía, hora local. Inicialmente, Frontex no catalogó el aviso como un caso de emergencia ni emitió una alerta de socorro.
En las horas posteriores al avistamiento del Adriana, Frontex asegura que realizó tres intentos de dar seguimiento al caso, sugiriendo salidas adicionales de Aeronaves de Vigilancia de Frontex, y denuncia que la respuesta de las autoridades griegas llegó tarde. “Las autoridades griegas no declararon a tiempo una situación de búsqueda y rescate ni desplegaron un número suficiente de activos apropiados para rescatar a los migrantes”, concluye el escrito.
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