La CNMC ha abierto un expediente sancionador a Bahía de las Isletas, matriz del grupo Naviera Armas, por el supuesto incumplimiento de los compromisos que asumió en la compra de Transmediterránea en 2018. El organismo regulador señala en un documento que esta operación “creaba un monopolio en el tráfico marítimo de pasajeros en la ruta entre la Península y las Islas Canarias”. En un comunicado difundido este martes, el supervisor destaca además que esta operación supone un riesgo para la competencia en el transporte de carga y pasajeros en las rutas entre el sur de la Península y Melilla así como entre islas del archipiélago canario “ya que desaparecía un competidor relevante”.
Ante este previsible escenario, la compañía optó por distintos compromisos para poder seguir adelante con la compra sin perjudicar la competencia. Una de esas medidas fue que una tercera compañía (FRS) empezara a prestar servicios de transporte marítimo de pasajeros y carga en las rutas donde ya estaba presenta la empresa Naviera Armas. Esas rutas eran Motril-Melilla y Huelva-Canarias.
La Naviera Armas y FRS firmaron un contrato de transporte de mercancías por vía marítima por un periodo de duración de de tres años, y prorrogable por un año más, y una batería de obligaciones para operar de manera eficaz. Esta serie de medidas pactadas entre ambas compañías constaba de la cesión de uso de amarres, sistema de expedición de billetes, abstención de uso de marca y comunicación a clientes. Para garantizar que el contrato se cumplía, se incluyeron cláusulas que obligaban a informar a la CNMC y que impedían modificar las condiciones sin autorización previa. Pero en septiembre de 2023, el organismo regulador indicó que Naviera Armas se había saltado parte del acuerdo firmado en 2018
En la nueva comunicación de este martes, el organismo presidido por Cani Fernández señala que se abre un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución.
Naviera Armas tiene nuevo dueño
El anuncio de la CNMC coincide con un proceso de cambio de poder en la compañía canaria de transporte marítimo. Con series dificultades económicas desde la pandemia, los fondos acreedores se convirtieron en los nuevos dueños de Naviera Armas hace dos semanas, quedándose la familia Armas con un porcentaje minoritario. El cambio responde a un plan, consensuado por ambas partes y avalado con una sentencia judicial, para reducir el pasivo de la empresa 445,9 millones a los 178 millones.
El plan sigue sin gustar a la banca: tres entidades (Santander, CaixaBank y Sabadell) que hicieron préstamos con avales del ICO a la naviera en 2020 ahora tendrían que asumir una quita total sobre esos 64,5 millones que le dieron. Las entidades ya se opusieron en su día judicialmente al plan de los bonistas, pero una sentencia el pasado diciembre no estimó sus pretensiones. Actualmente estudian una posible impugnación.
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