La Fiscalía del Tribunal Supremo también se opone a investigar a Carles Puigdemont por delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Así lo expone el fiscal Álvaro Redondo en un informe que estudiará este martes la junta de fiscales de lo penal del alto tribunal, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes fiscales a EL PAÍS. Los argumentos de Redondo para no investigar al expresidente catalán, prófugo en Bruselas desde 2017, son los mismos que alega la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García-Castellón: que no hay indicios suficientes para implicar a Puigdemont en la causa y que tampoco pueden atribuirse delitos de terrorismo al resto de investigados en ese procedimiento, sino desórdenes públicos graves y daños.
La Fiscalía del Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre la causa de Tsunami a petición de la Sala Penal del alto tribunal, a la que García-Castellón ha solicitado que asuma la investigación referente a los dos aforados implicados: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que es aurodiputado, y Ruben Wagensberg, diputado del Parlament. El caso ha recaído por turno de reparto en el fiscal Redondo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, al igual que el fiscal que lleva la investigación en la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, quien se ha mostrado reiteradamente en contra de la investigación sobre Puigdemont.
El informe de Redondo será visto este martes en la Junta de Fiscales de lo Penal, que lo debatirá y remitirá su decisión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ese informe no es vinculante para el tribunal, que será el que tenga que decidir, en los próximos días, si asume la investigación contra Puigdemont y, en caso de que lo haga, por qué delito. Lo habitual es que la junta dé luz verde a los informes que lleva cada fiscal, aunque en este caso fuentes fiscales señalan que puede haber debate. De esa junta forman parte tres de los cuatro fiscales que llevaron la investigación y el juicio contra 12 líderes independentistas del procés. Son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que mantuvieron hasta el final la acusación por rebelión y llegaron a cuestionar la sentencia del alto tribunal, que calificó los hechos como sedición.
Fuentes próximas al fiscal general del Estado aseguran que Redondo se reunió el pasado martes con Álvaro García Ortiz para comunicarle el sentido de su informe, que es el mismo que se ha conocido este domingo. Ese mismo día, según estas fuentes, Redondo envió su escrito al resto de fiscales de lo penal.
La decisión que tome el Supremo, más allá de la implicación jurídica, puede ser clave en la tramitación de la ley de amnistía y en las negociaciones entre el PSOE y Junts sobre el texto de la norma. La reciente determinación de García-Castellón para investigar por terrorismo a Puigdemont, a quien no había señalado hasta ahora en los cuatro años que lleva instruyendo el caso, ha condicionado la redacción de la ley y ha acabado por tumbarla en su primera votación en el Congreso, por la exigencia de Junts de amnistiar todos los delitos de terrorismo sin excepción, un extremo al que se opone el PSOE. La redacción actual de la proposición de ley prevé amnistiar delitos de terrorismo salvo si sus autores han tenido “intención directa” de causar “violaciones graves de derechos humanos”.
Las fuentes consultadas señalan que el fiscal Redondo, que se ha pronunciado en público contra la amnistía a los encausados del procés, expone en su informe que no hay indicios suficientes para investigar a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic. El fiscal tampoco cree que haya quedado acreditado que el líder de Junts tuviera un papel de “liderazgo” en la plataforma que impulsó las protestas posteriores a la sentencia del procés en 2019, como asegura García-Castellón, ni que los hechos atribuibles a esta plataforma encajen en el delito de terrorismo, como sostiene el magistrado de la Audiencia, sino que constituyen desórdenes públicos agravados y daños.
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El escrito de este fiscal incide en los argumentos defendidos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha opuesto a los pasos dados por García-Castellón para apuntalar la investigación por terrorismo contra el expresidente catalán. En su último escrito, publicado el pasado viernes por EL PAÍS, el fiscal Carballo reprocha al magistrado por cometer “flagrantes contradicciones” y habla de una “significativa falta de argumentos” para concretar qué acciones de “matiz terrorista” se atribuirían a los imputados. El fiscal considera también “totalmente injustificada e inmotivada” la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que asuma la causa.
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